zonas del país sufren sequía por el cambio climático y la actividad de grandes compañías agrícolas.
Verónica Vilches se presenta como una campesina “superviviente”. Oriunda de San José, un pequeño núcleo rural de la provincia de Petorca, unos 200 kilómetros al norte de Santiago de Chile, tiene 48 años y trabaja las ocho hectáreas de tierra que su padre ya no puede cuidar.
Criada entre vacas, caballos y huertos, echa de menos los tiempos en que su familia se autoabastecía con lo que recibía de la naturaleza. Tenían carne, leche, huevos, mantequilla…Todo natural y casero. Hace seis años, la familia Vilches Olivares tuvo que cambiar su modo de subsistencia. Sin elección. “No teníamos agua para los animales y tuvimos que dejarlos partir. Fue una pena muy dolorosa. Tampoco teníamos agua en el canal y la tierra se nos secó”, relata.
Hace más de una década que esta zona de Chile sufre una grave sequía por los efectos del cambio climático y la actividad de las agroexportadoras dedicadas al cultivo de aguacate, o palta, como se conoce esta fruta en Chile. Atraídas por las condiciones climáticas, a partir del año 2000 grandes compañías aterrizaron en la zona para dedicarse a este cultivo. Cada kilo de producto necesita unos 2.000 litros de agua, según The Water Footprint Network. Los empresarios eliminaron el bosque nativo e instalaron sus plantaciones, que riegan con agua extraída de las napas subterráneas de los dos ríos que riegan la provincia: el Petorca y La Ligua. Ambos se han convertido en un lecho de piedras, hierbas y animales vagabundos. El primero ya se declaró agotado en 1997 y en 2004 se restringió la explotación de sus aguas subterráneas. Desde 2012 se ha decretado que la cuenca es “zona de escasez hídrica”. La Ligua se agotó en 2004.
La falta de recursos ha provocado una competencia entre vecinos, un David contra Goliat. Por un lado, los pequeños agricultores, lugareños y activistas en defensa del agua; por el otro, los grandes productores agrícolas. Según la oficina de Estudios y Políticas agrarias, la provincia de Petorca es la segunda con mayor cultivo de paltas del país, que se exportan principalmente a Europa, Estados Unidos, China y Argentina.
Agua privatizada
Chile es, según algunos autores, el país con el mercado del agua menos regulado del planeta. Carl Bauer, profesor de la Universidad de Arizona, lo describe como un “ejemplo paradigmático” de reforma del libre mercado, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, sin ninguna interferencia de mecanismos regulatorios gubernamentales. «El modelo chileno de aguas […] excluyó la función esencial de la Administración de intervenir efectivamente en el mercado, en virtud de su rol tutelar de un bien público y además, vital y escaso», describe. Esta realidad se remonta a la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet, que abrió las puertas a vender, arrendar o especular con el recurso. La legalidad chilena contraviene la resolución de Naciones Unidas de 2010, ratificada por Santiago, que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.
La Dirección General de Aguas (DGA) entrega de forma gratuita derechos de uso de agua (establecidos en litros/segundo) a las personas que los solicitan. Esos derechos certifican que una persona es propietaria del agua (superficial o subterránea) de una parte concreta de la cuenca de un río y quedan registrados en un catastro y en el registro de la propiedad. Cuando la DGA deniega las solicitudes, hay opción de adquirir los derechos en el mercado privado del agua, donde un litro de agua por segundo oscila entre los 13.000 y los 20.000 euros. Si bien la legislación limita la entrega en situaciones de escasez o restricción, el organismo no ha frenado del todo esta práctica, aunque ha disminuido mucho. Según cifras de la propia DGA, en los últimos cuatro años entregaron 54 nuevos derechos de agua, 49 de ellos en 2015. Sin embargo, la mayoría de los permisos otorgados por el organismo –más de un centenar– corresponden a cambios de puntos de captación de agua de derechos ya concedidos. Unas regularizaciones que son cuestionadas por los campesinos.
Según escribe la investigadora Paola Bolados, en los noventa se generó un sobreotorgamiento de derechos de los ríos Petorca y La Ligua que agotó sus aguas superficiales. Luego, a partir de los 2000, las compañías agroexportadoras iniciaron la “guerra por las fuentes subterráneas”, las sobreexplotaron y acapararon sus derechos de uso.